El periodismo que remece a Chile

(Catalonia - Periodismo UDP, 2010)

Ciper (Varios Autores)

“Este libro muestra que el buen periodismo es una forma de escrutinio, pero, a la vez, de comprensión de la realidad: no sólo nos ayuda a develar lo que alguna vez se quiso ocultar, sino también a descubrir lo que, cuando lo vemos con la mirada desaprensiva de todos los días, se nos escapa. El buen periodismo cumple, por decirlo así, una tarea a la vez política y moral: espanta las sombras del poder, pero también ilumina una parte de la condición humana.”
Carlos Peña

“Recorrer la hoja de vida de los hombres públicos es un ejercicio obligatorio del buen periodismo. No a modo de sentencia, sino de testimonio. Cada uno sabrá responder por sus actos y, si amerita, los tribunales se encargarán de lo suyo.”
Enrique Mujica

El Centro de Investigación Periodística (CIPER) es una institución sin fines de lucro. Dirigido y creado por la periodista Mónica González, quien ha recibido importantes distinciones, CIPER no tiene filiación política ni partidista y es independiente de grupos económicos y religiosos. 

Ha contado con financiamiento del Grupo Copesa e instituciones internacionales como la Open Society Foundation, la Fundación Ford y la Universidad Diego Portales. Su misión es desarrollar reportajes de acuerdo a principios de máxima calidad e integridad profesional, los que son publicados en su sitio web www.ciperchile.cl. Para lograr dicho objetivo, los profesionales de CIPER incorporan a las técnicas propias del reporteo el uso sistemático de las leyes chilenas que norman el libre acceso a la información.

Desde su fundación, en 2007, numerosos reportajes publicados por CIPER han sido premiados tanto en Chile como en el extranjero.

Historia secreta del secuestro de Edwards

“Varias veces me escapé en sueños”, aseguró Cristián Luis Edwards del Río. Pero al despertar, chocaba con una frontera: su condición real de cautivo. Estuvo cinco meses encerrado en una caja de tres metros por dos. Sus captores: una fracción del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Dieciocho años después del secuestro del hijo del dueño de El Mercurio, CIPER reveló hechos y detalles hasta entonces desconocidos de uno de los episodios que puso a prueba el sistema de seguridad de la incipiente transición chilena. En medio de las duras negociaciones que incluyeron 17 avisos clasificados que presentaban en clave las exigencias de los captores, y la participación –en nombre de la familia Edwards– de un sacerdote jesuita y un espía del M-I6 británico, policías y funcionarios de gobierno rivalizaron por ver quién dilucidaba primero el enigma que envolvía al heredero de Agustín Edwards Eastman, uno de los hombres con mayor poder en el país. Dentro de la casa, el cautivo –ex presidente de la División de Servicios Noticiosos de Te New York Times y hoy vicepresidente de El Mercurio– sufría alucinaciones, calambres y temblores: “Me tironeaba los pelos de la barba para arrancármelos”, relataría más tarde ante un juez. Y sus celadores enfrentaron graves conflictos personales que solo hoy revelan ex miembros del FPMR.

I

Cristián Edwards del Río abandonó su oficina en Providencia, bajó en el ascensor y caminó como de costumbre hacia los estacionamientos públicos de calle Coyancura. Fue allí que los vio. Eran tres hombres jóvenes en torno a un auto blanco. Cuando se disponía a entrar en su automóvil, escuchó un taconeo acelerado a sus espaldas. Al girar, advirtió que los tres se le venían encima. Uno de ellos le apuntaba a la cabeza con un revólver. “Pensaba que iban a robarme la billetera o algo así, así que levanté las manos…, no alcancé a gritar nada”, le contaría cinco meses después a la policía, en un testimonio inédito. El trío quería otra cosa. Lo amarraron con cables y le colocaron una capucha. Luego lo metieron al auto que estaba estacionado.

 Eran las nueve de la noche del 9 de septiembre de 1991. El caño de un revólver fue prácticamente lo último que vio del mundo exterior ese año Cristián Luis Edwards del Río.

El heredero de Agustín Edwards Eastman y actual vicepresidente de El Mercurio tenía entonces 33 años y era gerente de Diarios Regionales de la empresa. En 1979, recién graduado del Amherst College, en Massachussets, aterrizó en Santiago con un mandato: trabajar en la empresa familiar. Permaneció por dos años. Al regresar a Estados Unidos fue empleado en el departamento de marketing de Pepsi, la misma firma de la que había sido ejecutivo su padre cuando salió de Chile en 1970 a raíz del triunfo electoral de Salvador Allende. En 1983 siguió un MBA en Filadelfia y dos años después trabajó en una compañía de seguros. Se distinguía por su equilibrio, inteligencia y sensatez. Era reservado y celoso de su privacidad. Pese a su posición económica y social, la mayoría de las personas cercanas coincidían en subrayar su austeridad. Como muchos estudiantes norteamericanos, acostumbraba a trabajar los veranos. Le gustaba practicar jogging, deportes náuticos y de montaña.

Sobre la situación chilena mantenía una posición distante y ambigua. Marla Grossman, su novia estadounidense, dijo a efectivos del FBI –que también investigaron el secuestro– que en los años ochenta Edwards no expresaba adhesiones políticas, ya sean de derecha o izquierda. Una amiga estadounidense, Carla Brown, lo definió a su vez como alguien “rígido en sus creencias conservadoras”. Y uno de sus amigos chilenos afirmó en la investigación: “Era muy pragmático y crítico, demostraba preocupación por no existir un gobierno democrático en Chile pero a su vez criticaba los excesos de la Unidad Popular”.

Retornó a Chile en abril de 1990 y le costó adaptarse al cambio de costumbres. Grossman le dijo al FBI que “habría vuelto por la presión de su familia para trabajar en el diario”. “Vino porque en realidad su último trabajo en Estados Unidos, que era la corporación de seguros, no le agradaba”, refutaría Agustín Edwards Eastman al juez, cuando el cautiverio había terminado. Pero quedaban muchos acertijos sin resolver.

Y aunque no había una sola respuesta sí existía un comienzo probable para esta historia. En abril de 1991, María Fernanda Eyzaguirre pasó por la casa de Cristián Edwards en Vitacura. Ambos eran antiguos amigos y habían quedado de salir a cenar. A ella le llamó la atención que la esperara en la puerta de la casa. Él le explicó que del otro lado de la calle había un mini estacionado con dos ocupantes que le parecían sospechosos. Sin embargo, Edwards no hizo nada al respecto, a pesar de creer que se trataba de las mismas personas que poco tiempo atrás habían entrado a robar a su domicilio. Ni siquiera anotó la patente del auto, como le había sugerido Eyzaguirre.

Pudo haber sido una casualidad y que ese mini blanco no representara un peligro personal. Pero lo cierto es que, a esas alturas, el ejecutivo ya era objeto de seguimientos por parte del FPMR. Rafael Escorza, el hombre que prestó la casa en Macul que habitaba con su pareja y el hijo de esta para el cautiverio de Edwards, y al que llamaban “El Viejo”, asegura que la operación estaba programada para mediados de año. La “caja-cubículo” ya estaba construida para entonces y los celadores, acuartelados, prestos para recibir lo que llamaban “el paquete”. La acción se demoró porque “el objetivo” viajó a Estados Unidos.

            La operación del FPMR se había puesto en marcha poco después del asesinato de Jaime Guzmán, senador y líder de la UDI. En ella participaron varios protagonistas de esa acción liderados por “Ramiro”, alias de Mauricio Hernández Norambuena. Como jefe de la casa-retén a la que llegó Edwards, “Ramiro” eligió a “Rodolfo”, un tipo alto y corpulento al que solían llamar “Rambo”. Cinco años atrás habían coincidido en el frustrado atentado contra el general Augusto Pinochet. “Rambo”, o Rodolfo, había estado además en Cuba, Vietnam y Nicaragua, donde combatió a la Contra. Bajo su mando quedó Maritza Jara Hernández. Ella simuló ser la empleada doméstica de la casa y cumplió labores de enlace y seguridad. “Rambo” fue a su vez el jefe de los dos celadores: Ricardo Palma Salamanca y Florencio Velásquez Negrete.

Un antiguo combatiente del FPMR admitió que “Ramiro” cometió un error al designar a Palma por encima de Velásquez, a quien conocía de antes. Era una afrenta a su trayectoria. Velásquez provenía de Valparaíso. Había tomado parte del secuestro del hijo de Manuel Cruzat y llegó a dirigir al FPMR en la Quinta Región, donde lo detuvieron en 1987. Tres años después fue uno de los 50 fugados de la Cárcel Pública de Santiago. No soportaba estar bajo la autoridad de “Rodolfo” y mucho menos de Palma, a quien, a sus 22 años, consideraba un “pendejo hiperkinético” y “recién llegado”. Pero los méritos se acumulaban en el FPMR por la eficacia al dar en el blanco. Y “El Negro” Palma había disparado contra el oficial de la DIPOLCAR (Dirección de Inteligencia de Carabineros) Luis Fontaine; el ex comandante en jefe de la Fach, general Gustavo Leigh y el senador Jaime Guzmán. En algo se igualaban Palma y “Rodolfo”: no toleraban el encierro prolongado. Uno, porque era inquieto por naturaleza. El otro, debido a sus años de prisión. Y esto traería consecuencias.

Nada, claro, podía compararse con lo que le ocurría al rehén.

Al principio le costó a Cristián Edwards caer en la cuenta de lo que pretendían sus captores. Lo habían paseado en la maleta de un par de autos sin decirle más que “silencio, callado, que no te va a pasar nada”. Después lo cambiaron a un furgón. Finalmente, lo cargaron dentro de un saco hasta un cuarto donde le dijeron que se mantuviera de pie frente a una pared, antes de que le sacaran el saco y la capucha y le cerraran la puerta por fuera.

Edwards fue arrojado dentro de una ratonera de dos por tres metros, sin ventanas, aire fresco ni compañía, expuesto casi permanentemente a una luz artificial en su máxima potencia. La puerta de la caja era una abertura de cerca de un metro cuadrado por la que había que entrar gateando. Los primeros días casi no probó alimento. El aire era tan escaso y asfixiante que a las pocas horas, preso de un estado de shock, cayó desmayado. “Ahí me abrieron la puerta y dejaron que entrara aire”. Jamás, en los cinco meses siguientes, salió de ahí ni le vio la cara a otra persona. Si tenía algo que decir, debía escribirlo. Si daba un paso, topaba con una pared. Si mostraba signos de orientación, volvían a doparlo con medicamentos que consumía junto a las comidas y le alteraban las rutinas.

“La idea era volverme loco”, resumió en su declaración policial del 1 de febrero de 1992.

Aún así, pudo recordar con precisión que al interior de “la caja” contaba con un pequeño baño químico de madera que le llevaban y vaciaban cuando querían. Y que dentro de ese perímetro debía comer y asearse con una jarra (en el mejor de los casos, con una olla). No siempre le permitían lavarse los dientes. Dormía poco y nada en el catre de campaña que solo le dejaba un pasillo de 40 centímetros de ancho para caminar. Junto al catre había una tabla que hacía las veces de mesa, donde comía en cubiertos de plástico y escribía mensajes a sus captores con los papeles y lápices que le entregaban. Vomitaba con frecuencia. Sufría permanentes alucinaciones, calambres, temblores y ataques de nervios.

“Me tironeaba los pelos de la barba para arrancármelos… Pasaba por periodos de colitis o diarrea y por otros de estreñimiento. Tuve dolor de garganta, veía doble muchas veces. Jamás, no obstante, ensucié la caja”. Sus captores llegaron a pensar que podía morir y le llevaron un médico o enfermero de confianza del FPMR para que lo examinara. Ya “estabilizado”, volvió a lo que Edwards describió como un estado de “imágenes furtivas” y “fenómenos extraños” que marcó su encierro.

Esas “imágenes furtivas” tuvieron siempre una banda sonora. Por eso los oídos le retumbaban. El cautivo fue sometido al poder corrosivo de la música estridente que escupía un parlante pequeño. “La caja” era un cubículo de madera y volcanita. Sus paredes estaban recubiertas por bandejas de huevos para aislar el ruido. La habían construido dentro de uno de los dormitorios de la casa DFL2 que el matrimonio Escorza San Juan arrendaba en el pasaje Poeta Vicente Huidobro 3718-1. El piso de la “celda” estaba cubierto por una alfombra verde, la que se humedecía cuando el cautivo se lavaba. Su ropa –un traje gris y camisa azul– fue reemplazada por un buzo. En una de las paredes estaba pegada una hoja con una lista de instrucciones:

–No hacer ruido.

–Pararse de frente contra el muro cuando la luz se encienda y apague.

–Al terminar de comer dejar la bandeja en el suelo.

–Comunicarse a través de papeles.

En una de las primeras notas que envío al exterior pedía que por favor le bajaran la música y la luz: “La música se mantuvo casi siempre a un volumen enloquecedor, así como la luz a veces cegadora. Me cubría los ojos y me tapaba los oídos”, contaría Edwards. No sabía si alguien estaba cambiando el dial o si la música estaba grabada. “Pero muchas veces interrumpían, porque comenzaba una canción y la cortaban para poner otra. Ciertamente, la música así empleada era un método de tortura”. Lo comprendió de inmediato. La primera noche de encierro, los celadores lo vigilaban por los visores para constatar qué música le disgustaba más y así repetírsela

 II

Era la tarde del 11 de septiembre y la secretaria de Cristián Edwards seguía preocupadísima. Su jefe no se había presentado a trabajar el día anterior. Ni siquiera la familia tenía noticias. Ese no era el estilo del gerente de Diarios Regionales. Jamás faltaba a una reunión sin avisar y, menos, se esfumaba así como así. Algo tiene que haber pasado, pensó la mujer. Por eso, aunque era feriado, fue hasta las oficinas de El Mercurio en Providencia. Hurgando entre las cartas del día anterior, encontró una por demás extraña, sin remitente, data, folio ni sello postal. Estaba dirigida a Agustín Edwards, cuando lo correcto era que ese sobre llegara al domicilio del diario en Vitacura. Guiada por la intuición, abrió la correspondencia y encontró la cédula de identidad de su jefe y una misiva escrita a máquina que leyó en el acto:

SEÑOR A. EDWARS (sic)

Presente

Su hijo Cristián fue cautivo hoy y en estos momentos se encuentra en un lugar seguro e inaccesible. El se encuentra bien de salud y su integridad (física y síquica) en el futuro dependerá de ustedes. El objetivo de su detención es negociar su VIDA.

Deben cumplir extrictamente (sic) nuestras indicaciones;

NO comunicar de esta situación a la prensa, policía, amigos y parientes.

Cualquier paso que ustedes den en ese sentido nos enteraremos, entorpeciendo excesivamente el desarrollo y culminación de esta empresa.

Somos PROFESIONALES EXPERIMENTADOS y estamos decididos a cumplir con nuestro objetivo.

NO realicen movimiento alguno.

Tengan paciencia.

Nos volveremos a comunicar.

Nos encomendamos al SEÑOR, rogando llegar a términos satisfactorios para ambas partes.

La carta llegó a su destinatario de inmediato. Y pese a las exigencias explícitas de los secuestradores, el ministro del Interior, Enrique Krauss, se enteró a las pocas horas de las novedades por un llamado de Agustín Edwards Eastman. Krauss le prometió destinar a los mejores hombres para resolver la situación de su hijo.

El dueño de El Mercurio no se conformó con ese ofrecimiento: alertó también al FBI y formó un comité asesor privado. Lo integraron el editor de redacción de su diario, Juan Pablo Illanes, el abogado Enrique Montero Marx y el empresario Jacobo Ergas. Un quinto integrante demoraría unos días en sumarse: Hugh Bicheno, un ex agente del servicio de inteligencia británico M-I6, especialista en negociaciones de secuestros y con estudios en Chile. Hugo León, como se hacía llamar el inglés que había nacido en Cuba y también tenía nacionalidad estadounidense, fue una figura decisiva. Permaneció en Chile gran parte de los cinco meses que se extendió el plagio y participó de casi todas las reuniones que se celebraban a diario en la casa de Edwards Eastman en Lo Curro. Fue Bicheno quien sugirió la presencia de un intermediario, que resultó ser el sacerdote Renato Poblete, a la cabeza del Hogar de Cristo. El jesuita apareció junto a Agustín Edwards en una foto en El Mercurio para dar a entender a los secuestradores su misión. Bicheno también previno a la familia sobre una larga negociación. El problema fue que en un principio no estaba claro quién sería la contraparte.

No fue fácil convencer al FPMR que aceptara al jesuita Renato Poblete como único intermediario. Incluso, la primera vez que contactaron telefónicamente al sacerdote, siguieron insistiendo: “A usted solo lo queremos como mero intermediario, de mensajero, seremos intransigentes. Nuestras conversaciones serán solo con Agustín Edwards. Hágale entender que todo el tiempo que demore el señor Agustín en hablar con nosotros serán más días de cautiverio para el señor Cristián”. Aconsejado por el comité privado, el dueño de El Mercurio no daba su brazo a torcer. “Me negué rotundamente porque no podía ‘negociar’ con una persona que era un mero mensajero que leía recados mandados por otros y que no tenía ningún poder de decisión del que, en cambio, yo obviamente disponía”, explicó.

El 7 de octubre, a casi un mes de producido el secuestro, Poblete recibió un nuevo llamado de los secuestradores. Insistían en hablar con Agustín Edwards. En este punto, todo seguía como antes. Pero esta vez, en respuesta a una solicitud anterior del sacerdote, anunciaban la entrega de una prueba que acreditaba que ellos tenían en su poder al “muchacho”. Estaba escondida en uno de los sanitarios de los baños públicos del centro comercial Apumanque y consistía en una carta manuscrita por el rehén. Junto a ella venía un segundo mensaje dirigido al “Señor A. Edwards”. Este nuevo mensaje reparaba en el incumplimiento de las exigencias por parte del destinatario, en el sentido de haber avisado a la policía y dar publicidad al hecho, y advertía sobre los “trastornos psíquicos” y las “lamentables secuelas” que produce el encierro prolongado. “Está en sus manos hacer menos dolorosa esta situación, accediendo a nuestras exigencias y cumpliendo estrictamente nuestras indicaciones”. Además de insistir en que la prensa y la policía se mantuvieran al margen, las exigencias se reducían al pago de cuatro millones de dólares que debían ratificarse en los términos siguientes:

“Mediante un aviso en el periódico El Mercurio de Santiago con estas características: sección económicos clasificados, rubro antigüedades y objetos de arte, en recuadro de 4 por 4 centímetros, texto: “Supero ofertas, compro íconos vedas, diríjase a San Agustín N…”. El tiempo que necesite para reunir el US$, días, anótelo como número de la dirección. Publicite este aviso los días martes, miércoles y jueves, 8, 9 y 10 de octubre. De no responder exactamente como le indicamos consideraremos que usted ha cerrado este negocio y sellado el destino de su hijo”.

Fechado el mismo 7 de octubre, el mensaje apelaba a la paciencia y concluía con nueva invocación mística: “Pido al Señor misericordia para todos”.

La carta adjunta al segundo mensaje con exigencias, que supuestamente fue escrita y redactada por Cristián Edwards, empezaba así:

Estimados padre y madre:

Nunca pensé que algo como esto pudiera pasarnos. Me encuentro prisionero y mis captores exigen una recompensa para liberarme. Mi situación es desesperante y más aún sabiendo el dolor que esto les causa. Yo estoy bien de salud, como imaginarán no en las mejores condiciones. Tengo mucho miedo y le pido a Dios que todo esto pronto termine. Yo nunca les he pedido mucho porque sé que han pasado por una crisis económica que todavía los afecta. Ahora les pido que hagan todo lo posible por mí, porque mi vida está en sus manos y estoy sufriendo mucho.

Según dirá más tarde ante el juez, la esquela fue escrita por él, pero dictada por sus captores: “Escribí muchas cartas y me las devolvían porque no me nacía decir lo que querían. Terminó siendo que ellos me escribieron todo y yo copié”.

De cualquier forma, no mintió sobre su situación. A un mes de haber sido raptado, seguía padeciendo todo tipo de trastornos. “Creo haber oído pajaritos, su cántico, también grillos, aunque esto puede deberse al zumbar de mis oídos. Me es particularmente difícil definir los ruidos reales que percibí, pues solía tener sueños con motores de helicópteros y cosas de ese tipo”, relataría ante el juez. No obstante, era consciente de su situación. Jamás lo golpearon ni insultaron. Recibía una dieta balanceada y procuraba comer de todo, a pesar de los dolores de estómago.

III

 Una vez que el secuestro se hizo público, abundaron los llamados de gente que decía saber algo. No fueron pocos los que aseguraron tener al joven en su poder. Pero nadie más que los verdaderos secuestradores podían haber tenido acceso al nombre y número telefónico de Diego Fernández, primo de Cristián Edwards y uno de sus mejores amigos. Fernández fue el primero de la familia en ser contactado. Sin embargo, siguiendo instrucciones del comité, se negó a entrar en tratativas y sugirió el nombre del abogado Enrique Montero Marx.

A principios de noviembre de 1991, dos agentes de la Policía de Investigaciones llegaron a la casa de Agustín Edwards en Lo Curro para comunicarle un mensaje de su director, el general (r) Horacio Toro, sobre “la aparición de su hijo”. El padre se preparó para lo peor y los recibió en la puerta de entrada. No quería que su mujer oyera lo que le iban a comunicar. Cuando quiso saber de dónde sabían esta noticia, los agentes invocaron al director de Investigaciones. Al preguntarles de nuevo sobre la aparición, uno de los agentes apuntó con el dedo hacia la casa: “Apareció aquí”. El padre expresó su desconcierto. Le repitieron que estaba en la casa. “Les pregunté si acaso creían que yo tenía a Cristián oculto en mi casa, a lo que contestaron que sí. Ahí perdí la compostura y los traté de forma muy dura”.

En la versión de Agustín Edwards, el ministro del Interior, Enrique Krauss, le había prometido que pondría “a lo mejor de sus hombres” en el caso. Y “lo mejor” de Investigaciones había confundido a Cristián con uno de sus hermanos, forjando la temeraria tesis del “autosecuestro”. Aquel episodio en la casa de Lo Curro es uno de los más bochornosos en la historia de la Policía de Investigaciones y marcó un hito en la verdadera guerrilla policial que se desarrolló en sordina en torno a la búsqueda de Cristián Edwards y a la captura de los responsables de su secuestro.

La hipótesis del autosecuestro o la desaparición voluntaria era absurda por razones que trascendían la impericia inicial de Investigaciones. Según la familia, no respondían a la personalidad de Cristián. Y en el caso remoto de que algo así hubiese ocurrido, jamás hubiese enviado una carta con su apellido mal escrito: Edwars.

La carta era todo lo que había sobre la desaparición y en apariencia decía poco y nada sobre los autores del hecho. Pero quienes conocían de lucha antisubversiva, y en eso la Dirección de Inteligencia del Ejército aportó su parte en este caso, sabían que la clave estaba en la primera línea de la carta: “cautivo” fue también el término usado por el FPMR para comunicar el secuestro del coronel Carlos Carreño en 1987. La diferencia esta vez era que, lejos de reconocer la autoría del hecho, los plagiadores desviaban la atención encomendándose al Señor.

Los viernes por la tarde Agustín Edwards recibía en su casa al ministro Krauss, quien arribaba junto con Marcelo Schilling, integrante del Consejo de Seguridad Pública, organismo de gobierno conocido como “La Oficina”. La cita semanal incluía al jefe de inteligencia de Carabineros, general Sergio Lutjens; al prefecto de Investigaciones, Juan Fieldhouse; al ex ministro del Interior de Pinochet, el general (r) de la Fuerza Aérea Enrique Montero y a Juan Pablo Illanes, director responsable del matutino. En teoría se intercambiaba información y trazaban estrategias. Pero a decir del dueño de El Mercurio ante la justicia, estos encuentros “no tuvieron en la práctica mayor resultado, y sólo sirvieron para mantener en alto la moral de la familia”.

Aconsejado por Hugh Bicheno, el ex agente del M-I6, Agustín Edwards se guardó los datos relativos al curso de las negociaciones con el FPMR. La decisión no solo obedecía a un problema de seguridad, tendiente a proteger la vida del secuestrado. Desde aquel incidente en la puerta de su casa de Lo Curro el dueño de El Mercurio tuvo predilección por Carabineros en desmedro de Investigaciones, que tenía mayor vinculación y dependencia del gobierno. Sus contactos con la policía uniformada incluso eran personales, saltándose los cauces institucionales.

Y así pasaban los días.

Dentro de la caja, Cristián Edwards trataba de contarlos. No tenía fuerzas ni ánimo, pero daba pasitos cortos para ejercitarse. Cada tanto recibía la visita de uno de los dos únicos celadores que tenían autorización para dirigirle la palabra.

Uno de ellos era Ricardo Palma, “El Negro”, que representaba el papel del celador bueno. El otro era “Rodolfo”, el jefe de la casa retén, que oficiaba de malo. “El Negro” se mostraba comprensivo y atento, y animaba al secuestrado proponiéndole que hablaría con su jefe para sacarlo unos minutos al exterior de la caja. Pero al rato llegaba “Rodolfo” y decía que por ningún motivo, que cómo se le ocurría, ni una posibilidad. Esto es un secuestro, no vacaciones, hacía saber.

De acuerdo con un conocido que lo visitó en 1992 en prisión, después de que cayó detenido, con el correr de los días el celador bueno comenzó a compadecerse de la situación de Edwards, al punto de llegar a poner en duda el sentido de la operación.

Rafael Escorza, el hombre que prestó la casa para el cautiverio, dice hoy que “una operación así tiene complicaciones desde su inicio” y que esta “no fue la excepción”. Las mayores dificultades no provinieron del ejecutivo de El Mercurio, a quien define como alguien “obediente” y que “siempre cumplió con las instrucciones”, sino de los celadores.

Lo primero fue un accidente. Cuando cambiaron por primera vez a Edwards de auto, en las cercanías del lugar donde lo raptaron, al “Negro” Palma se le escapó un tiro que fue a dar en su pierna. No solo hubo que buscarle asistencia médica, sino también reemplazante en la casaretén. Su lugar fue ocupado por “Emilio”, alias de Raúl Escobar Poblete, quien había participado en los mismos hechos de sangre que Palma. De cualquier modo fue un cambio transitorio. A las pocas semanas “El Negro” asumía su papel de celador bueno.

El segundo problema ya fue más serio. Florencio Velásquez, el otro celador, empezó a mostrar indisciplina. Al comienzo fueron “tonteras”, según las describe Escorza: incumplía horarios, tenía mal modo y hasta exigía que le lavaran los calzoncillos. Se quejaba por todo y desafiaba a la autoridad. Finalmente, tal como había ocurrido en los días de acuartelamiento, volvió a amenazar con que iba a abandonar la casa.

Entonces no quedó otra que llamar a “Ramiro”, el jefe de la operación, quien trató en dos ocasiones de hacerlo recapacitar. Pero unos días después de la última visita del jefe, Florencio Velásquez volvió a decir que se iba a como diera lugar. Estaba decidido. “Ramiro” había salido de Chile y hubo que organizar una junta de emergencia entre los integrantes de la casa-retén. Allí, “El Negro” Palma propuso una solución:

–Hay que “bajarlo”, este huevón no se puede ir.

Dice Escorza que “El Negro” se mantuvo firme en su postura, pero fue “Rodolfo” quien terminó decidiendo, no sin controversias: ante la ausencia de “Ramiro”, él tomaría la medida: Velásquez se marchaba.

–Lo mandamos a una casa de seguridad y ahí que lo controlen hasta la vuelta de “Ramiro”.

A Florencio Velásquez lo sacaron caminando, de noche, con lentes oscuros y mirando hacia el suelo para que no entregara información ante la eventualidad de que cayera en manos de la policía. Al igual que “El Negro” y el propio Edwards, había llegado a la casa sin que pudiese identificarla. Al salir Velásquez, lo pasearon durante una hora y media y lo dejaron en avenida Grecia. De ahí se dirigió a una casa de seguridad, a la espera de “Ramiro”. Florencio fue reemplazado por José Miguel Martínez Alvarado, alias “Palito”. Tampoco respondía al mejor perfil para el puesto: había pasado recientemente por la cárcel y, además, tuvo que congelar sus estudios para incorporarse a la casa-retén.

Fueron varios en el FPMR quienes lamentarían lo ocurrido con Florencio, incluido el propio “Rodolfo”. El caso trascendió las fronteras de absoluto sigilo trazadas por los captores y llegó a oídos de la Oficina de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, el organismo creado en el gobierno de Patricio Aylwin para combatir la subversión tras el asesinato del senador Guzmán. A fines de septiembre de 1991, “La Oficina” supo que el FPMR estaba detrás de la operación. Hasta entonces solo había conjeturas sobre los autores. En su declaración judicial, Schilling, hoy diputado socialista, confirmó que La Moneda fue alertada por un informante. De esta manera supieron que Florencio Velásquez, a quien se lo identifica como “Julio”, “formaba parte del grupo de protección en la casa donde está secuestrado Cristián Edwards” y que “fue destituido en una reunión realizada en la misma casa”. El informante revelaba que el jefe de la casa era “un hombre débil de carácter y permitió que Julio se fuera desarmado”.

IV

El “comité asesor” preveía un proceso largo y agotador. Agustín Edwards no solo seguía resistiéndose a negociar directamente, sino que desatendía la exigencia de los secuestradores. Fue en esos momentos inciertos que el abogado Montero Marx recibió el 25 de octubre un llamado taxativo: “Escuche, ya, comuníquele a la familia de don Cristián que por la actitud que tomaron de ninguna colaboración hemos tenido que llegar al desenlace fatal. Entregaremos indicaciones para que encuentren el cuerpo del señor Cristián”.

Cinco días más tarde, Renato Poblete, sacerdote a cargo de la negociación, tuvo nuevas indicaciones de los captores. Esta vez le indicaban que se dirigiera al mausoleo de la familia Del Río, los parientes maternos de Cristián, en el Cementerio Católico. Ahí, el jesuita encontró un nuevo mensaje acompañado de la cédula de conducir del rehén. Era el comienzo formal de las negociaciones tal como lo habían exigido los plagiadores.

El primer aviso clasificado de El Mercurio, ubicado en la sección Antigüedades y Objetos de Arte, apareció el domingo 3 de noviembre de 1991. Decía: “Compro iconos vedas, mejoro precios. Favor llamar 6981417”. El número de teléfono comunicaba con Poblete. Tres días después sería seguido por una oferta concreta: “Compro iconos vedas. Perfecto estado, pago contado. 420.000”.

La propuesta inicial indignó al FPMR. La calificaron de “miserable” y exigieron mejorarla de manera sustantiva. La tercera semana de noviembre un nuevo aviso clasificado elevó el monto a 520 mil dólares. A fines de mes la oferta ascendió a 595 mil dólares. Cada aviso fue seguido por un contacto telefónico entre Poblete y los secuestradores. El jesuita solicitó una rebaja en el precio, además de una fotografía actual como prueba de vida.

–Lo que ustedes están pidiendo es una cosa imposible, tienen que volver a la realidad –dijo a los secuestradores en uno de los contactos telefónicos.

Las negociaciones amenazaban con empantanarse. De acuerdo con Escorza, fue por esos días que el propio cautivo ofreció a los secuestradores pagar su rescate con dinero que tenía depositado en Estados Unidos.

Según revelará Poblete en su libro de memorias, publicado en 2005, “La Malú (Del Río, madre de Cristián Edwards) pedía subir la cantidad. Yo creo que ella hubiera pagado al tiro”. Sin embargo, de acuerdo con el mismo testimonio, Bicheno era quien hacía de líder: “El gringo dirigía la operación”. Bicheno, que en la actualidad está fuera de actividad, ha explicado a una revista electrónica (Don’t Panic, que ya no se encuentra en Internet), aspectos de su estrategia para enfrentar secuestros. “Primero se formaba un comité de crisis. Esto incluía a alguien a cargo de tomar decisiones por la familia. Una parte clave era recordarles que estaban tratando con hombres de negocios y que el secuestrado no era más que un monto de dinero”. Así obró en el caso de Edwards.

Lo primero que tenía que resolver el comité era cuánto estaban dispuestos a pagar, lo que muchas veces coincidía con la cobertura de una póliza antisecuestro (Bicheno trabajaba junto a un agente de seguros). También había veces que la familia no quería parecer demasiado fácil y ofrecía una suma más baja. Según el entonces agente del M-I6, siempre intentaba que la primera oferta fuera alta, de modo de evitar que los secuestradores se sintieran insultados y pusieran en peligro al rehén. Luego había que ofrecer incrementos cuidadosamente calculados.

Recién el 20 de diciembre, a través de un nuevo aviso económico, la oferta de la familia Edwards alcanzó los 650 mil dólares, previa exigencia de una fotografía actual del rehén. La respuesta llegó mediante una carta dejada en un baño del Parque Arauco. Estaba acompañada de una cinta y decía:

Señor Agustín Edwards: le comunicamos que no habrá ninguna fotografía actual hasta que la oferta sea aumentada –aumentar la oferta significa hacer ofertas en MILLONES DE DÓLARES y no en miles de dólares– (…) Cada día que pasa y que no cumplen con las indicaciones disminuye rápidamente la posibilidad de que la integridad física y síquica de su hijo se puedan conservar intactas. En estas fechas de unidad familiar dejen de lado su actitud inhumana (mal asesorada) y burocrática. Piensen en la vida de su hijo que se deteriora cada día más, ya que él hoy solo desea estar con ustedes. Junto a esta nota le enviamos una grabación (lado A) con la voz de él. Por el bien de su hijo Cristián y de su familia, CUMPLA.

Tres días después, en vísperas de Navidad, un nuevo aviso económico anunciaba que la oferta alcanzaba los 700 mil dólares. Era un avance. Mediante un sistema similar al anterior, los secuestradores enviaron una fotografía del rehén, quien sostenía un ejemplar actualizado del diario Folha de Sao Paulo, acompañada de una carta en la que anunciaban que el valor del rescate había bajado a un millón y 500 mil dólares.

Bicheno, que era un duro y conocía el protocolo de los secuestradores, había alertado a la familia sobre la posibilidad de que el FPMR intentara doblegarlos emocionalmente en las fiestas de fin de año. En efecto, la cinta con la voz de Cristián Edwards que llegó a manos de la familia el 20 de diciembre estaba cargada de mayores aristas dramáticas. En ese mensaje extenso, el cautivo le pregunta a su familia “cómo pueden ofrecer una miseria” por su libertad y plantea que “yo les puedo ayudar con eso, yo les voy a ayudar, yo me comprometo, me comprometo a trabajar junto a usted papá para recuperar todo”. El hijo pedía un esfuerzo supremo. “Hagan todo lo necesario para sacarme de aquí, hagan todo lo humanamente posible y después yo los ayudo, después nos arreglamos (…), yo siempre he sido una persona que trabaja duro (…) siempre me he esforzado y si salimos de esto me voy a esforzar más que nunca (…) Ya no me quedan fuerzas para seguir adelante”, se queja. “Lo que yo les estoy pidiendo es que me salven, que me ayuden, que me saquen de aquí”.

Las presiones en esos días surtieron algún efecto. En la comunicación telefónica del 31 de diciembre, Poblete adelantó a su contraparte que en los días siguientes aparecería un aviso económico con una nueva oferta. Sería la última, advirtió el sacerdote, como ya lo había hecho otras veces, aunque en esta ocasión incluyó un novedoso argumento sobre la calamitosa situación económica de Edwards Eastman:

–Si este señor está quebrado, es puro nombre no más, ustedes podrían haber elegido otra persona.

Dicho esto, y tras insistir en que “no pidan la suma que dicen”, lanzó una propuesta de corte filantrópico:

–¿Qué van a hacer con la plata? Podrían donarla al Hogar de Cristo siquiera, pues oiga.

El aviso se publicó el sábado 4 de enero en la sección Instrumentos Musicales: “Compro gaita Kennedy, pago contado 740.000”.

La cifra terminó de sacar de quicio al jefe de la operación. “Ramiro”, alias de Mauricio Hernández Norambuena, consideró que era hora de tomar personalmente cartas en el asunto. Identificándose como “El Abuelo”, contactó a Poblete en un teléfono de Plaza Italia:

–Escuche, usted ha abusado de nuestra ética profesional, pero ahora nos corresponde jugar a nosotros. Daremos a la publicidad toda la negociación, dejando al descubierto la actitud insensible de ustedes (…) Será un gran escándalo. Luego de eso aparecerá el cadáver de Cristián. Usted puede impedir este desenlace. ¿De qué forma? Accediendo a nuestras últimas exigencias. Nosotros esperamos un breve tiempo. ¿Está absolutamente claro?

“Ramiro” parecía hablar en serio: ya no había margen para seguir negociando en esos términos. La salud de Cristián Edwards tendía a agravarse, y en la casa-retén las cosas habían vuelto a tornarse críticas. Hasta al “Negro” Palma lo aquejaba “un bajón anímico”.

La situación fue zanjada con un último aviso publicado el domingo 19 de enero en la sección Instrumentos Musicales. Esta vez no había un monto específico, solo un mensaje velado: “Compro gaita Kennedy, tengo oferta especial. Llamar lunes 6981417”.

La “oferta especial” consistía en un millón de dólares y fue aceptada.

V

Un topo ubicado en el corazón del FPMR. Jóvenes policías encubiertas. Interceptaciones telefónicas y el análisis de la basura de la casa-retén. Las fuerzas de seguridad estuvieron más cerca de lo que imaginaron los secuestradores. Las rivalidades en el Estado impidieron sin embargo una investigación coordinada y permitieron que gran parte del comando “volara” tras el pago del rescate.

Como se recordará, el 11 de septiembre de 1991, dos días después del secuestro de Cristián Edwards, su padre leía el mensaje que los captores le habían dejado en las oficinas de los diarios regionales de El Mercurio. Le pedían “negociar su vida” y no alertar a las autoridades. Pero Agustín Edwards habló con el ministro Krauss y también con Carabineros. Su mayor confianza en la labor de la policía uniformada se reafirmaría con el yerro de Investigaciones.

El mismo día 11, el teniente Óscar Olmedo, de la tenencia de Vitacura, fue convocado al edificio de El Mercurio por el jefe de seguridad de la empresa, Jorge Zamora, quien lo puso al tanto de la desaparición del hijo del dueño. En una inusual deferencia, el oficial acompañó a Zamora a recorrer la morgue y hospitales en busca de noticias. Al finalizar el infructuoso recorrido, Olmedo se encontró con varias autoridades en las dependencias del diario y debió darle cuenta directamente a Agustín Edwards en su oficina. Sería el comienzo de una relación de privilegio.

Carabineros trabajó directamente con Agustín Edwards sin dar aviso a La Moneda. Y aunque el general (r) Sergio Lutjens dijo que la policía uniformada hizo solo tareas menores, debido a que el Ministerio del Interior paralizó las pesquisas que pudieran exponer la vida del rehén, lo cierto es que la familia del secuestrado le entregaba información que no era traspasada al gobierno.

Marcelo Schilling confirmó esa situación en su testimonio ante el juez del 13 de febrero de 1992. Recién a comienzos de diciembre de 1991, dijo, el gobierno supo que la familia estaba negociando hacía dos meses con los secuestradores, que la policía uniformada estaba al tanto y que el propio Agustín Edwards intervino ante La Moneda para que no se castigara a los oficiales involucrados. La carabinera Domitila del Carmen Sepúlveda entonces tenía 26 años y trabajaba en Inteligencia. Ante el tribunal confirmó que, ocultando su condición de uniformada, hizo contacto con un sujeto que se comunicó con la familia con el propósito de vender información. Eso ocurrió el 6 de noviembre, un mes antes de que el gobierno descubriera que Carabineros trabajaba con la familia Edwards. El despliegue de Carabineros fue inútil. Finalmente las diligencias exitosas estarían reservadas para Investigaciones y “La Oficina”.

Uno de los nudos se desató tras el seguimiento que hizo Investigaciones a una universitaria que condujo hasta la casa-retén. Marcela Mardones había dejado de asistir al Campus Oriente de la UC solo un par de semanas antes del asesinato del senador UDI Jaime Guzmán, perpetrado en esa sede universitaria el 1 de abril de 1991. Aunque los integrantes del Grupo Lex de Investigaciones trabajaron durante meses reconstruyendo el puzzle de ese atentado, no le dieron importancia al hecho. Se habían empecinado en seguir la pista de un delincuente común –Sergio Olea Gaona– que a la postre no llevaría a ninguna parte.

El 15 de noviembre de 1991, después de la monumental confusión en Lo Curro que enlodó a Investigaciones, su director, Horacio Toro, trajo desde Concepción al subcomisario Jorge Barraza y le encomendó dos tareas: aclarar el secuestro de Edwards y el asesinato de Guzmán. Barraza llegaba precedido del prestigio de haber resuelto el atentado fatal contra un oficial a manos del Mapu Lautaro. Barraza había trabajado en la CNI. Fue procesado por apremios ilegítimos, aunque los tribunales superiores no lo han condenado. Toro lo puso al mando de la Brigada Investigadora de Organizaciones Criminales (BIOC), un equipo ad hoc para la tarea. La BIOC hizo lo que el Grupo Lex había omitido en parte: chequeó la asistencia de los alumnos del Campus Oriente. Así apareció Mardones. Los agentes la identificaron como “La Pequeña Lulú”, una ex dirigente de las Juventudes Comunistas del Pedagógico, casada y madre de un hijo, que al interior de la organización ocupaba la chapa de “Ximena”. Barraza supo luego por el esposo de “Ximena” que estaban separados y este no la veía precisamente desde antes del atentando a Guzmán. Y algo más: ella le había dejado al niño con la promesa de volver por él en unas semanas. Sin embargo, hacía ocho meses que no regresaba.

Los agentes de Barraza confirmaron que “Ximena” convivía ahora con Raúl Escobar Poblete, un militante del FPMR conocido como “Emilio”. Ambos arrendaban un pequeño departamento al interior de una casa en calle Huara, en La Florida. Una joven policía se instaló en la vivienda principal, simulando ser sobrina de los propietarios. Desde ahí inició las “escuchas” y guió la vigilancia exterior, que incluía un punto con prismáticos desde el techo de un supermercado Ekono a un par de cuadras. “Emilio” fue seguido. A veces se reunía con un sujeto alto y corpulento que los policías identificaron como “Rodolfo”. Este último también fue guiando a los agentes hasta una pequeña vivienda en un pasaje estrecho y sin salida en Macul. Aunque estaban tras los asesinos de Guzmán, tanta actividad de la célula que tenían bajo la mira llevó a la BIOC a sospechar que el grupo también participaba en el secuestro.

La casa a la que los condujo “Rodolfo” en Macul, ubicada en el pasaje Poeta Vicente Huidobro 3718–1, era estrecha, pareada y no tenía entrada de autos. A los policías les pareció imposible que allí estuviera Cristián Edwards. ¿Cómo podrían haberlo introducido sin despertar sospechas en los vecinos? Además, allí residía un matrimonio con un hijo adolescente. Consideraron que era difícil que el FPMR incluyera en el secreto a un chiquillo que iba todos los días al colegio.

Los seguimientos a “Emilio” y “Ximena” llevaron a la policía a otra casa, esta vez en La Dehesa y de mayores dimensiones. Barraza se convenció de que allí guardaban a Edwards. Eso lo llevó a desestimar los informes del detective René Cocq. Este había analizado la basura de la casa de Macul y llegado a la conclusión de que la habitaban más personas que las supuestas. Cocq tenía la razón. Esa era la casa-retén facilitada por el matrimonio de Rafael Escorza y María Cristina San Juan. Y la empleada que salía a hacer compras, y llamaban “Gabriela”, era Maritza Jara, militante del FPMR y encargada de verificar el entorno.

La BIOC tampoco dio inicialmente mucho crédito a un dato que semanas antes había recibido el subsecretario del Interior, Belisario Velasco. El informante Lenin Guardia le había dicho a Velasco que un joven llamado Ricardo Palma Salamanca estaría involucrado en el secuestro de Cristián Edwards. La hermana de Palma se lo había confesado a su sicóloga. Y esta resultó ser nada menos que la mujer de Guardia. El subsecretario Velasco había entregado el dato a “La Oficina”, la que tampoco, al parecer, le sacó partido.

A estas alturas, las investigaciones ya estaban contaminadas con la pugna que tenía lugar en La Moneda. Velasco consideraba que el combate a la subversión era una tarea de su área. Pero, después de la muerte de Jaime Guzmán, el presidente Patricio Aylwin había creado “La Oficina”, confiándoles su jefatura a Jorge Burgos y Marcelo Schilling. Entre Velasco y “La Oficina” los puentes estaban cortados. Cada uno contaba con su propia red de informantes y los datos esenciales no fluían en ninguno de los dos sentidos. Toro, y por ende la BIOC, se alinearon con Velasco.

En medio de semejante confusión, “La Oficina” se anotó el primer acierto al confirmar que era una operación del FPMR e individualizar a uno de los involucrados. Un informante propio, denominado “F1”, reportó en los primeros días de octubre que un grupo del FPMR bajo las órdenes del comandante “Ramiro” –quien después sería identificado como Mauricio Hernández Norambuena–, tenía a Edwards. Schilling le contaría al tribunal que “F1” también les avisó sobre la deserción de “Julio”, “Floro” o Florencio Velásquez Negrete, quien hasta entonces no había sido asociado al secuestro. En el expediente no solo quedó consignada su ficha sino también la del entonces desconocido “Salvador”, jefe máximo del Frente, aunque la identidad que le adjudicaban era inexacta: Juan de Dios Apablaza Apablaza es en realidad Galvarino Apablaza Guerra.

El verdadero nombre de “F1” era el militante del FPMR Agdalín Valenzuela. Un soplón de lujo. Había sido uno de los dos choferes del camión que trasladó a Brasil al secuestrado coronel Carlos Carreño en 1987. También fue chofer personal de “Ramiro” y contaba con toda su confianza, al punto que a veces el informante lo ocultaba en su casa de Curanilahue. Hasta ahora se desconocía que Valenzuela había aportado datos claves para identificar a los autores del secuestro de Edwards. Un reporte de “La Oficina” adjunto al expediente judicial lo corrobora:

Investigación personal Florencio Velásquez Negrete.

Datos de F1:

Se fugó de la cárcel. Lo describe como de 30 años aproximadamente, moreno, más o menos “amapuchado”, cuerpo de mapuche, es bajo, cara tosca, tórax fornido. Tiene una particularidad que se le cae un hombro. En un campamento en que estuvieron juntos el año 86 cuando tiraban granadas, se le caía el hombro derecho y él mismo se lo montaba (…).

Indica que este hombre formaba parte del grupo de protección en la casa donde está secuestrado CE (Cristián Edwards). JULIO fue destituido en una reunión realizada en la misma casa, donde está CE.

Los informes de Valenzuela permitieron por otra parte saber que, durante el secuestro, el comandante “Ramiro” mantuvo contacto con otro jefe frentista: “Chele”, posteriormente identificado como Juan Gutiérrez Fischman. Así se desprende del documento “Consolidado Informativo Cronología de Suministro de Información Sobre el Caso CE”, incluido en el sumario judicial:

26 del 9 del 91 F1 informa que el Frente tiene en su poder a CE. Indica que dicha información la recibió del Cdte. Ramiro. Indica que este comandante está actuando directamente en la operación. Informa que se ha producido una deserción en el equipo operativo de parte de Julio.

19 del 12 del 91 F1 informa que se reunió con los comandantes Ramiro y Chele. Informa que CE está vivo y lo tiene el Frente definitivamente.

23 del 12 del 91 F1 informa que la familia de CE está negociando con el Frente. Indica que han pedido rebaja a una cifra pedida por el Frente y que el Frente aceptará la rebaja en la negociación futura. Indica que a mediados de enero culminará la negociación con la liberación de CE.

Cuando “Floro” dejó su puesto de celador debía acuartelarse en una casa de seguridad, pero sus compañeros le perdieron el rastro. Un informe de “La Oficina” consignó el hecho: “Con fecha 19 de diciembre de 1991, se informa que Julio está alejado y que el comandante Ramiro informó que no lo ha podido encontrar”. Ex miembros del FPMR aún consideran a “Floro” un desertor y creen que pudo jugar un rol en la posterior caída del comando responsable del secuestro.

Los datos aportados por el informante estrella de “La Oficina” no fueron traspasados a la BIOC. Esa descoordinación produjo el absurdo de que en los seguimientos que llevaba adelante, la BIOC fotografió a “Ramiro” sin sospechar el calibre de la presa. “La Oficina”, al mismo tiempo, no sabía que Barraza tenía identificada la vivienda donde permanecía Edwards. No obstante, la BIOC entró a la recta final con ventaja sobre “La Oficina”. Barraza asegura que cada vez que “Ximena” o “Emilio” concurrían a los teléfonos públicos del Ekono cercano a su casa de calle Huara, los diálogos eran grabados. Por esa vía, “Ximena” se contactó con un hombre de voz juvenil al que reprendió duramente y con quien concertó una cita. Los agentes chequearon el teléfono. Era el de la mamá de Ricardo Palma Salamanca. Se confirmaba así el dato de Lenin Guardia. “El Negro”, pese a sus pergaminos, no toleró el encierro y también pidió abandonar su puesto de celador. Por eso lo había reprendido “Ximena”. Pero como también era un tipo fogueado, lo volvieron a llamar para la puntada final: cobrar y liberar a Edwards.

VI

El primer intento de entregar el dinero del rescate se realizó el sábado 25 de enero. Acompañado de Juan Cancino, el chofer de Agustín Edwards, y siguiendo instrucciones de los secuestradores, Poblete recorrió los cuatro puntos cardinales de la ciudad a bordo de un Volkswagen escarabajo. Al interior portaba la maleta con un millón de dólares en billetes de cien. La entrega resultó frustrada porque así fue planeado por los secuestradores, de modo de corroborar que no fuesen seguidos por la policía.

A la semana siguiente, cuando volvieron a ser contactados, Bicheno estuvo en desacuerdo con que Poblete y Cancino realizaran un nuevo recorrido. Creía que serían engañados. En cambio, Schilling, que esta vez había sido puesto al tanto de lo que sucedía, propuso seguir “rigurosamente las instrucciones de los secuestradores”. La entrega del millón de dólares en billetes de 100 quedó programada para el 31 de enero y se extendió durante gran parte de ese día.

Esta vez a bordo de un Fiat 147, Poblete y Cancino pasearon por Recoleta, Vitacura y Providencia. En un supermercado de esta última comuna recogieron poleras y un par de jockeys para ser identificados fácilmente a la distancia. Más tarde, después de otro largo rodeo, bajo la mesa de una fuente de soda cercana a Departamental, encontraron un sobre. Contenía una fotografía de Cristián Edwards retratado con un ejemplar de El Mercurio del día anterior y una última instrucción que los condujo a un paso sobre nivel de la avenida Norte Sur, donde un hombre que apareció de las penumbras recogió el dinero.

Al día siguiente Agustín Edwards se encontraba en su campo en Graneros cuando al anochecer recibió una llamada desde su diario. Su hijo ya iba camino a la casa familiar de Lo Curro a bordo de un taxi. Unos días después, Cristián relataría ante el juez Luis Correa Bulo que había sido sacado de “la caja” después de cinco meses e introducido a una carpa. Ahí pasó sus últimas horas de rehén, sometido a la música de un personal estéreo y una dosis adicional de sedantes. Recordó haber regresado tal como llegó: encapuchado y envuelto en un saco de dormir, y haber sido introducido en un auto que lo dejó en lo que parecía un sitio eriazo.

Lo último que alcanzó a escuchar de sus secuestradores, antes de ser dejado boca abajo contra el suelo, fue “no te muevas”.

Era el 1 de febrero de 1992.

Después de un rato logró ponerse de pie, trastabilló en dirección a unas luces y dio con un taxista al que le pidió monedas para llamar a sus padres.

 VII

 Argumentando razones de seguridad para proteger la vida de Cristián Edwards, “La Oficina” no alertó a la BIOC de la entrega del dinero. Los hombres de Barraza vieron cómo ese 31 de enero salían rodriguistas de todas las casas bajo vigilancia y se multiplicaban los contactos. El movimiento fue tal que los encargados de los seguimientos comenzaron a toparse y estorbarse. Temiendo que el FPMR los detectara, el subcomisario les ordenó retirarse y se concentró en vigilar las casas. Por eso, la BIOC no supo que ese último día de enero se había abonado el dinero del rescate. Pero sus integrantes intuyeron que algo grande ocurría: esa misma noche la joven policía encubierta instalada en la casa de calle Huara informó de una fiesta, con baile y tragos. Barraza asegura que “Ramiro” y “Chele” estuvieron en la celebración.

Al día siguiente del pago, “Emilio” y “Ximena” enfilaron a la costa. Los seguía el subcomisario Roberto Ruiz en su auto particular. Pero abruptamente se fundió el motor del auto de Ruiz y el subcomisario les perdió la pista. “Emilio” y “Ximena”, al igual que “Ramiro”, no volverían a los puntos vigilados por la policía.

Según Barraza, a la BIOC solo le quedaba una carta: la vivienda del pasaje Poeta Vicente Huidobro en Macul. Y decidieron no irrumpir para no poner en riesgo la vida de Cristián Edwards. En la noche del 1 de febrero el furgón que usaba Escorza para comerciar huevos se estacionó frente a la entrada. Era obvio que iban a cargar algo. El agente responsable de la vigilancia tenía encima a Barraza, quien le exigía que no perdiera detalle de lo que ocurría y de los movimientos de los únicos sospechosos que les quedaban bajo vigilancia. Fue tal la presión, que el policía decidió enviar a su esposa, embarazada, a mirar más de cerca. La mujer entró al pasaje y preguntó por una matrona que supuestamente vivía en el barrio. De vuelta informó: falsa alarma, solo estaban sacando una alfombra enrollada.

Horas después, Toro llamó a Barraza y le contó que Cristián Edwards ya estaba en la casa de sus padres. Barraza aún cree que lo sacaron enrollado en la alfombra y que, probablemente, de la misma forma ingresó en septiembre. Pero el propio Cristián Edwards aseguró haber sido sacado de la vivienda en un saco de dormir. Lo cierto es que después de la liberación, el comando había huido y el subcomisario solo tenía a mano al matrimonio dueño de casa. Un botín escaso para tanto tiempo y recurso invertido.

Un mes más tarde, la BIOC detectó a los frentistas en un camping de Colliguay, en la Quinta Región. Ahí estaban “Ramiro”, “El Negro”, “Rodolfo”, “Emilio”, “Ximena”, “Gabriela” y el celador José Miguel Martínez Alvarado (“Palito”). Los filmaron. Barraza estaba seguro de que llegaría el jefe máximo, “Salvador” y por eso demoró los arrestos. Diría también que en Colliguay estuvo el comandante “Chele”. Acusaría a “La Oficina” de haber protegido al “Chele” porque era yerno del líder cubano Raúl Castro y que, sospechosamente, otro equipo policial merodeó el camping en un extraño operativo antinarcóticos, lo que alertó al grupo del FPMR y posibilitó su fuga. Sus denuncias son el eje del libro que en 1999 escribió con sus ex subalternos Ruiz y Cocq: Razón de Estado. En la estampida, la BIOC solo pudo detener a “Gabriela” y “Palito” cuando intentaban cruzar hacia Argentina. Rafael Escorza y María Cristina San Juan fueron arrestados en su casa, donde aún había rastros de la cajacalabozo. La cacería la completó “El Negro”, que cometió el increíble error de volver a su hogar antes de intentar salir del país. “Ramiro” fue capturado al año siguiente, en 1993, cuando visitó a “F1” en Curanilahue. El informante fue detenido junto al más buscado comandante del FPMR, pero fue liberado casi de inmediato. Eso habría sellado su destino: Agdalín Valenzuela fue asesinado a tiros en 1995.

De todos los detenidos, sólo Escorza cumplió su condena: en 2003 obtuvo el beneficio de la salida dominical. María Cristina San Juan fue liberada en 2000 por razones humanitarias debido a una grave enfermedad. “Gabriela” se fugó en diciembre de 1992. “Palito” fue abatido mientras intentaba un escape en octubre de ese mismo año. “Ramiro” y “El Negro” huyeron en helicóptero desde la Cárcel de Alta Seguridad en 1996, pero el primero volvió a caer en Brasil en 2002 por otro secuestro y está recluido en un penal paulista. “Ximena”, “Emilio”, “Floro”, “Rodolfo” y “El Negro” continúan prófugos.

Después de su liberación, Cristián Edwards volvió a Estados Unidos convirtiéndose en un exitoso ejecutivo de Te New York Times, como presidente de su División de Servicios Noticiosos. Pero en 2009 regresó a Chile y es en la actualidad el heredero principal de su padre y vicepresidente de El Mercurio.

Las apariencias engañan

Este libro muestra que el buen periodismo es una forma de escrutinio y a la vez de comprensión de la realidad: no solo nos ayuda a develar lo que alguna vez se quiso ocultar, sino también a descubrir lo que, cuando lo vemos con la mirada desaprensiva de todos los días, se nos escapa. El buen periodismo cumple, por decirlo así, una tarea a la vez política y moral: espanta las sombras del poder, pero también ilumina una parte de la condición humana.

Así lo muestran los trabajos que se incluyen en este libro. Para probarlo, basta citar dos o tres.

En Viaje al fondo de la biblioteca de Pinochet, por ejemplo, Cristóbal Peña no solo muestra el gigantesco patrimonio bibliográfico que Pinochet pudo acumular “a punta de regateos y fondos fiscales”, sino que también pone de manifiesto el tipo de persona que él quería ser y que, para desgracia suya y de muchos, no fue. Si los fetiches de un hombre son el intento de cumplir su deseo imposible (ese que le aguijonea la imaginación, pero que no está ya a su alcance) no cabe ninguna duda: Pinochet soñó ser un profesor, un escritor capaz de develar los misterios de la historia y de la guerra desde la tranquilidad de un escritorio, rodeado de páginas y de libros, en vez de ser alguien que debió vérselas con el poder desnudo. Por eso, cuando asistidos por las páginas de este libro recorremos su biblioteca, somos capaces de imaginarnos lo que el dictador podía constatar a las tres de la madrugada (que es, según Fitzgerald, la hora en que la verdad nos visita): que incluso para alguien que tiene todo el poder siempre hay una distancia inconmensurable entre su realidad y sus aspiraciones.

Esa misma capacidad para mostrar la realidad del poder y sus instituciones y, a propósito de ello, iluminar parte de la condición humana, se muestra en Muertos de nadie, de Juan Pablo Figueroa. El título, casi de cuento, se justifica porque la historia que allí se narra parece inventada. La investigación acerca de cómo funciona el Servicio Médico Legal no solo permite asomarse a ese saldo de muertos con que, inevitablemente, termina casi cada día el quehacer de la ciudad, sino también a la vida de un sujeto cuya familia no le echa en falta cuando se pierde ni se sorprende cuando muere.

Las monjas que San Felipe quiere olvidar, de Pedro Ramírez muestra, de otra parte, cómo se puede combinar la preocupación discursiva por los demás y tolerar el maltrato de quienes tenemos más cerca. El caso fue publicado en CIPER mucho antes que los abusos sexuales de algunos clérigos comenzaran a aparecer en la prensa, y muestra de qué forma el periodismo de investigación puede adelantarse a las corrientes subterráneas de la actualidad. Un puñado de monjas se dedica, durante años, a obtener donaciones y prebendas a pretexto de cuidar a niños abandonados a los que maltratan y de los que, cotidianamente, abusan. Entre los niños se encuentran un par de gemelos, hijos de Hernol Flores, un famoso dirigente gremial que, demasiado alerta ante el sufrimiento de los trabajadores, parece inconsciente del calvario por el que pasan sus propios hijos. Imposible imaginar una historia más estremecedora y más completa acerca de los meandros del poder y de la condición humana.

Y qué decir de la investigación que recoge este volumen sobre el caso Karadima.

El caso Karadima tiene todos los ingredientes que atraen a los periodistas de veras: una historia de sotanas, transgresiones sexuales, abuso y dinero. La misma Iglesia que enfatiza la ascesis sexual experimenta, en su seno, una historia de promiscuidad y de abuso. El asunto, como se ve, tiene todos los ingredientes de lo que Tompson llamó escándalo. Por eso, en cualquier parte del mundo los medios de prensa se habrían peleado por ser los primeros en investigar esa historia hasta sus últimos intersticios. Se habría entrevistado una y otra vez a los testigos, a los feligreses, se habrían seguido las redes de influencia de todos los involucrados y se habría inquirido acerca del comportamiento de la jerarquía en su conjunto en torno al caso.

¿Por qué, sin embargo, lo que habría interesado a los periodistas de cualquier parte del mundo, entre nosotros se ha tratado apenas con pinzas y casi con el lenguaje formulario de un parte policial?

La respuesta se encuentra en los detalles del caso que investigó CIPER.

Karadima, en los años ochenta, fue el guía espiritual de casi una generación entera de la élite conservadora. En esos años, cuando la Iglesia Católica leía y releía la parábola del buen samaritano y reclamaba sin cesar por los abusos y por las desapariciones, parte de la burguesía santiaguina se dejaba guiar por un sacerdote carismático y entusiasta que prefería los vapores de la fe abstracta y ritual a las exigencias que planteaba la pregunta del viejo testamento: ¿dónde está tu hermano? La parroquia de El Bosque se convirtió así en el lugar de encuentro de una catolicidad conservadora, ritual e intimista, cuyos fieles poseían redes sociales y poder.

Esas mismas redes e influencia casi atmosférica son, con toda seguridad, las que de manera soterrada y tácita hicieron que, hasta ahora, los medios trataran el asunto casi aguantado la respiración, con el cuidado y el escrúpulo de quien camina pisando huevos.

Salvo –claro está– CIPER que lo ha investigado con rigor y con talento narrativo, hasta el extremo que un puñado de sacerdotes que se habían dejado engatusar por el padre Karadima hicieron saber, mediante una carta, que conferían verosimilitud a las acusaciones que se habían formulado y en las que CIPER indagaba.

El lado oscuro de nuestra modernidad económica (los guetos de la pobreza, las condiciones de trabajo de un retail) y los aspectos sombríos de la democracia (los conflictos de interés de los hombres del Presidente, los raros negocios de un ex ministro de Defensa, el pasado inconfesable de un dirigente gremial) son los otros temas de los que se ocupa este volumen. En todos ellos las cosas no son como se ven y la contradicción queda a la vista: el residuo de miseria del crecimiento, los intereses privados de quienes deben perseguir el bien común, la insensibilidad frente a sus hijos de quien se juega el pellejo por los trabajadores. Así, los pliegues y recovecos de la realidad, allí donde reverbera la condición humana, quedan, gracias al trabajo periodístico que en él se recoge, a la vista.

Todos los trabajos han sido publicados por CIPER, el Centro de Investigación e Información Periodística que creó, y que dirige, o que más que dirigir inspira, Mónica González. En ese centro –lo más parecido a un sueño para quien desea buscar la verdad hasta donde se lo permita su talento– se cultiva el periodismo de investigación como en ninguna otra parte de Chile.

Y al exhibir las virtudes que puede alcanzar cuando se lo ejercita sin ambages de ninguna índole –calidad narrativa, escrutinio del poder, brillo estilístico, novedad– se ponen también de manifiesto, por contraste, las limitaciones que en esta materia poseen la mayor parte de los medios en Chile. Quizá el aporte de CIPER sea entonces doble: junto con poner a disposición de los lectores una indagación aguda, independiente y bien escrita, muestra a otros medios el estándar que se puede alcanzar cuando el periodismo no se ejerce con el ánimo de cultivar amigos y evitarse molestias.

Según dice una buena parte de la filosofía, la realidad gusta del disfraz y siempre se esmera en travestirse, en vivir oculta tras el biombo de las apariencias. Lo que salta a la vista o se oye o se muestra –desde la sonrisa y las buenas intenciones que declara la autoridad hasta los modales de un dictador– aparece entonces como algo que cubre, o encubre, lo que es digno de ser sabido. La realidad casi nunca es lo que dice ser: ella se esmera en que no se la vea. Por eso, si hubiera que escribir una filosofía del periodismo de investigación, una teoría conceptual de esta forma de periodismo que ejercitan con brillo Mónica González y los periodistas de CIPER, toda ella podría resumirse en una frase harto más sencilla que cualquier tratado de metafísica, pero que dice lo mismo que alguna vez enseñaron Hegel o Platón: las apariencias engañan.

Carlos Peña

El periodismo que remece a Chile. versión impresa.

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